Rematar a un comerciante de autopartes


—Yo le tengo más temor a la justicia que a los mismos sicarios, porque estos cabrones pendejos están enfermos de poder, llegan cortando cartucho y encapuchados, ¿así cómo les exiges la orden de cateo? —dijo una comerciante de autopartes que se llevó los aplausos de sus compañeros de la zona 5 de Febrero de Guadalajara en una reunión que mantuvieron a finales de octubre. Quieren organizarse para enfrentar el acoso que perciben por parte de las autoridades.
Hay un vendedor de piezas automotrices que se rehúsa a participar en las reuniones con los miembros de la Unión de Comerciantes Industriales y Prestadores de Servicios del Sector Reforma, organización que hasta el 8 de noviembre agremiaba a unos 60 propietarios. Dice que no vale la pena seguir.
—Yo soy un cabrón y sé cómo funciona este negocio, nos quieren chingar y están pendejos si creen que con abogados van a poder contra la Fiscalía, les pregunté a los de la Unión si saben contar, porque conmigo no cuentan.
Casi la mitad de su vida se dedicó a la venta de autopartes, dice que fue el primero en remanufacturar las piezas para reducir los costos y los precios: especulación de la pepena de piezas automotrices. Compras basura y la vendes como pieza reparada, asegura. Recuerda que antes de mayo el teléfono timbraba en cuanto colgaba con un cliente y su radio localizador no dejaba de sonar en todo el día. Durante una hora que paso hablando con el comerciante, apenas suena una vez el aparato de radiocomunicación, y no lo buscan a él.
—Aquí tengo mercancía por cinco millones, sólo espero que alguien me ofrezca unos dos y le dejo todo, ya estoy hasta la madre —dice mientras se acomoda la cachucha que le cubre la frente. A su hijo, también del gremio, que tenía todos sus papeles de diez años en regla con pedimentos y facturas de cada vehículo que adquirió, se lo llevaron detenido durante el operativo del 28 de mayo, lo tuvieron encerrado cuatro días en la Fiscalía General de Jalisco y después le pagó un millón 150 mil pesos al juez para que lo sacara a las 10 de la noche ya en Puente Grande, porque los agentes ministeriales le dijeron que tenían órdenes de no dejar salir a nadie aunque fuera inocente. A las once de la mañana ya estaban de vuelta por él, con una orden de reaprehensión. Unos 40 comerciantes fueron capturados en el primer operativo del 28 de mayo, pero sólo tres fueron consignados y los juicios continúan. Otros cuatro "reventones" -del verbo "reventar a todo el que se pueda"-, como les llaman los policías, han sido realizados desde entonces: el 9 y el 21 de junio, y el 18 de octubre. Los agentes detuvieron a otras 9 personas, pero sólo informaron haber consignado a seis de ellos. En total habían clausurado 28 fincas de la zona desde los primeros operativos.
—Después de revisarme todos mis papeles y todas mis piezas, todo en regla, los policías investigadores le hablaron al Ministerio Público y me dijo ‘son órdenes de arriba, tenemos que cerrar la mayor cantidad de negocios que podamos, tú sabrás si te cerramos por las buenas o te cerramos por las malas y te llevamos detenido a la 14’, y ahí ¿qué haces? —recordaba un locatario enfurecido. Una oferta que no pudo rechazar. No pudo ni llamar a su abogado porque le quitaron sus teléfonos y lo aislaron en un cuarto del local. Le dicen que su juicio de amparo puede durar hasta 8 meses para suspender la clausura y, mientras tanto, debe continuar pagando la renta y los sueldos de sus trabajadores. Por el local le cobran unos veinticinco mil pesos al mes y los intereses están volviendo inmensa la deuda que tiene con el banco.
Todos los locatarios entrevistados se sienten ahorcados por los operativos policiales pues, desde que estos iniciaron con la presente administración estatal, han tenido bajas de entre 70% y 80% en sus ventas.
—Esta semana apenas vendí mil pesos y eso es lo que le pago al empleado que tengo, no está saliendo ni para los gastos —dice un vendedor que lleva cinco años en el negocio.
—Si a mí alguien viene y me paga la mitad de lo que vale toda mi mercancía, se lo vendo, llevo 29 años en esto de las autopartes y nunca nos había pegado tan recio —advierte otro, que ofrece sus productos traídos desde Monterrey en una finca llena de faros, calaveras, cofres y otros artículos. Ni siquiera después de las explosiones del 22 de abril de 1992 tuvieron una crisis tan devastadora, opinan los comerciantes más viejos.
Para los dueños de los negocios establecidos, el problema del robo está en la presencia de “coyotes” que caracterizan esta zona de Guadalajara, pues no hay control fiscal ni de garantía en las autopartes que ofrecen a los conductores cuando se acercan en su vehículo buscando alguna pieza. Esto le ha valido el sobrenombre de 5 de Ratero al área entre la Central Vieja y la Calzada del Ejército. La gente de por ahí dice que a los ladrones de autopartes los detienen los policías municipales, se los llevan atrás del hotel Carlton y a cambio de unos doscientos pesos los dejan ir.
El abasto de autopartes legales proviene de los automóviles rematados por las compañías aseguradoras, o bien, son importadas de Estados Unidos, Taiwán, o traídos de otros estados. La mayoría de los comerciantes que compran carros para desarmarlos adquieren uno o dos al mes, pero dicen que los grandes de la zona mueven entre 10 y 15 en ese lapso.
—Yo invertí todo lo que tenía para empezar el negocio, fui a una subasta y le aposté a los doce carros que remataban porque me dijeron que le tirara a todo, me quedé con siete y salí tapándome con una mano por enfrente y otra por atrás: no me quedaba nada. Al día siguiente vendí una transmisión en tres mil pesos y le dije a mi primer cliente “gracias, de aquí es de donde voy a comer hoy”, y ahora ya tengo como unos 500 mil pesos en mercancía, pero están pésimas las ventas —explica un propietario de un negocio pequeño.
Los coyotes también sufren. Dicen que también trabajan derecho: por ejemplo, un elevador de ventanilla les cuesta 150 pesos en los locales y lo venden en 300 con todo y mano de obra. Antes ponían unos cinco o seis elevadores diarios, se repartían el dinero entre tres y en un viernes sacaban a veces el doble de ventas, “pero ‘ora que es fin de semana son las doce y no llevamos ni un elevador, esto está de la chingada”. Ellos no dan garantía y, aunque la dieran, es difícil que el comprador dé con ellos porque suelen cambiar de lugar.
Las autopartes que ofrecen los locatarios sí tienen garantía: quienes venden partes usadas dicen que si no funciona el repuesto, el cliente puede ir de inmediato para que le cambien la pieza o le devuelvan su dinero. Les ponen un sello adherible o una marca para evitar que el cliente mueva la pieza y les quiera ver la cara. Los coyotes no dan esa garantía, las agencias tampoco. Incluso hay coyotes “legalizados”: los que le venden autopartes a los talleres donde arreglan vehículos dañados.
Sin embargo, todos los establecimientos pagan licencias municipales, impuestos, la mayoría de ellos bajo el régimen de pequeños contribuyentes, generan empleos y pagan sus cuotas del IMSS.
Algunos comerciantes establecidos consideran que, si no les encuentran algo ilegal en los operativos, les mandan a los inspectores de Ayuntamiento para clausurarlos con cualquier pretexto; la preocupación que ahora expresan es que les echen encima a la Profeco, pues a mediados de octubre iniciaron operativos en la zona de La Jauja en Tonalá: les exigen etiquetas con precio y garantía para cada artículo, en una zona que se ha caracterizado por el regateo como práctica comercial. Las multas de la Profeco rondan los 80 mil pesos por incumplir con estas disposiciones de las que, dicen, no estaban ni enterados.
Hasta el último operativo realizado por la Fiscalía, los agentes habían decomisado unas 42 mil piezas, y hasta el 7 de noviembre sólo habían entregado 2 mil 873 de ellas a personas que fueron a la bodega de la institución para reclamarlas, aunque era imposible que pudieran acreditar su propiedad, pues la mayoría de las piezas no cuentan con un número de serie vinculable al del motor y el único examen que les hacían los peritos forenses era que embonara con el sitio donde la persona decía que se la habían robado. Ahí mismo presentaban su denuncia la mayoría de las mil 219 personas que reclamaban la pieza como suya -un 90% de los denunciantes-, bajo la amenaza de un procedimiento penal en caso que incurrieran en falsas declaraciones. Algunos se retractaron de su reclamo, la minoría, pero con frecuencia se podía observar la presencia de oportunistas que iban a la bodega de la Fiscalía para obtenerlas y salían con una sonrisa de oreja a oreja. Al respecto, en una entrevista después de los primeros operativos, el vocero de la Fiscalía, Jorge Villaseñor, minimizó la situación: “Algunas personas han venido para tratar de sorprender a la autoridad, pero son mínimas”, señaló el funcionario, “en caso de que declaren falsamente y se les acredite que falsearon su dicho, incurren en el delito de falsedad de declaraciones dadas ante una autoridad y pues se les solicita la correspondiente orden de aprehensión”.
—Éste que está ahí, clavado, mi Señor, es el único que me puede salvar de estos cabrones de la Fiscalía, los demás que chinguen a su madre —dice el locatario de la cachucha, y se queda sentado en un equipal esperando quién le compre su negocio en remate.

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